Congreso Nacional listo para proteger a maestros asechados por el TSC

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, introdujo una iniciativa de ley para dispensar pagos por multas y recargos por responsabilidades civiles y administrativas emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC),  beneficiando a más de 10 mil maestros con esta ley.

ARTÍCULO 1.- Dispensar a los docentes del Sistema Educativo Nacional, que hayan recibido durante los años 2003 al 2008, diferentes pagos por los colaterales y compensaciones establecidos en el Estatuto del Docente Hondureño, del pago de capital, intereses, multas, recargos derivados de las Responsabilidades Civiles y Administrativas emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas.

En muchas ocasiones como resultado de los procesos de auditoría, se derivan los denominados pliegos de responsabilidad a los sujetos pasivos, dichos pliegos establecen una serie de actuaciones que se consideran no conforme a ley, y su tramitación está sujeta a un proceso administrativo que en la mayoría de los casos toma años para llegar a una resolución esto se debe a que son muchas las actuaciones que se realizan en la tramitación de cada expediente y el personal del Tribunal es insuficiente para lograr evacuar todas las diligencias que implica la tramitación de cada expediente, esto entorpece  la función contralora del Tribunal ya que en muchas ocasiones se tratan de multas por la falta de presentación de declaración jurada, lo cual no representa mayor ingreso o impacto social para el estado, quedando de lado procesos de mayor envergadura e interés nacional.

Los actos administrativos están sujetos al principio de celeridad el cual indica que el Estado deberá actuar por propia iniciativa haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión, situación en la cual se encuentra actualmente el Tribunal, debido a la voluminosa cantidad de expedientes procedentes de hasta 10 años atrás, mismos que aún no se han resuelto pero cuya resolución es de mero trámite, situación que no permite a dicho ente contralor avanzar a otros procesos de auditorías con mayor importancia para el buen funcionamiento del aparato estatal.

a) Respecto de los a los docentes cuyo expediente se encuentre en trámite, el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, y cualquier otra entidad, deberá proporcionar un listado que contenga los datos personales de los amnistiados, datos que deberán ser tratados conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación a la Protección de Datos, no pudiendo divulgarse públicamente tal información.
b) En aplicación al Presente Decreto, la Entidad Pública correspondiente, expedirá un solo Acto Administrativo ordenando archivar los Expedientes de los sujetos docentesbeneficiados con la condonación, declarándolos solventes con el Estado de Honduras en relación únicamente a los casos objetos del presente Decreto.
c) Respecto de los docentes favorecidos con la condonación, cuyos expedientes se encuentren cursando juicios en los Tribunales de Justicia Ordinaria, el Juez o Tribunal de Alzada correspondiente procederá a aplicar la amnistía a la mayor brevedad posible, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

De lo anterior y en consecuencia al principio de celeridad, se hace necesario establecer una solución expedita y legal, a todos los expedientes pendientes de resolución en el Tribunal, que permita reducir la mora imperante en la emisión de resoluciones, permitiendo que dicho ente fiscalizador pueda dar paso a nuevos procesos de control y auditoría hacia casos de mayor impacto económico y social para el país y la población misma.

ARTÍCULO 4.-  Los fondos públicos recibidos y utilizados, por los docentes en el período comprendido de enero de 2015, a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto que no cuenten con la documentación para la liquidación pertinente, y que de manera voluntaria comparezcan ante la Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y/o Ministerio Público, se les otorga el término de un (01) año a fin de que procedan a la devolución de los valores percibidos, para lo cual se podrán efectuar los arreglos de pago de conformidad con la legislación vigente.

En consideración a lo antes expuesto y en uso de mi prerrogativa Constitucional de Iniciativa de Ley me permito presentar a consideración de esta Cámara Legislativa el Proyecto de Decreto orientado Otorgar a dispensar en el pago de capital, intereses, multas, recargos derivados de las responsabilidades civiles y administrativas emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas.

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