Confirman libertad para Gabriel Rubí y Nery Cerrato por caso ‘carpas móviles’

Confirman libertad para Gabriel Rubí y Nery Cerrato por caso 'carpas móviles'


TEGUCIGALPA.- La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción confirmó este lunes el sobreseimiento definitivo que deja en libertad al exsecretario de Copeco, Gabriel Rubí, y el exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, quienes eran acusado por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos en el caso de «carpas móviles».

La resolución a favor de los exfuncionarios hondureños se generó luego que esta Corte de Apelaciones declarara sin lugar un recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público el pasado 7 de diciembre de 2022 contra el sobreseimiento declarado por esa instancia.

La Fiscalía hondureña indicó que dichos sobreseimientos que fueron otorgados a Rubí y Cerrato el 2 de diciembre de 2022, fueron «erróneos, injustos e irracionales», puesto que «tergiversa la verdad de los hechos, carece de análisis, interpretación y valoración de las pruebas».

Asimismo, el Ministerio Público indicó que la resolución causó «agravios a la correcta administración de la justicia» por lo que la Fiscalía Especial de Impugnaciones solicitó su enmienda por medio del recurso de reposición.

 

Caso «carpas móviles»

Rubí, exsecretario de la de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) estaba acusado junto al exsecretario de Salud por la supuesta compra fraudulenta de una carpa móvil para la atención de pacientes de covid-19 en Villanueva, Cortés, en 2020.

En la compra, según la denuncia del Ministerio Público, se erogaron más de 5 millones de lempiras y solo se obtuvo una carpa que no cumplía los requisitos mínimos para atender pacientes contagiados de la enfermedad.

De acuerdo al Ministerio Público, el 28 de febrero de 2020 Nery Cerrato y Gabriel Rubí solicitaron la adquisición de los artefactos «alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales».

Todo ello, según la Fiscalía, en un tiempo récord de dos días, con el fin de coludirse para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que entregó toldos y camillas de campamento.

El total del monto erogado fue transferido en tres movimientos: un adelanto el 2 de marzo de 33,502.97 dólares (820,799 lempiras).

Siete días después, un pago de 78,173.61 dólares (1,915,238 lempiras); y una última el 17 de marzo de 2020 por 111,676.58 dólares (2,736,062 lempiras).

Además, se acreditó que el proyecto se instaló en un campo de fútbol inundable, sin estudios topográficos y sin la capacidad de contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares.

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