Tegucigalpa. El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina condenó este lunes la desaparición forzada del joven garífuna Max Gil Castillo Mejía, ocurrida el pasado fin de semana en la ciudad de San Pedro Sula, y aseguró que el caso “se está investigando con urgencia”.
A través de sus redes sociales, Reina informó que ya se ha comunicado directamente con el ministro de Seguridad para atender lo que calificó como una “delicada situación”. “Condenamos cualquier acción de rapto o abducción. Sanó y salvó. Y rescatarlo de sus captores”, expresó, apelando a un mensaje de esperanza y fe.
Hemos comunicado al Señor Ministro de Seguridad @hegusave está delicada situación, para que se investigue este hecho urgentemente y se pueda encontrar al Señor Max Gil Castillo. Sanó y salvó. Y rescatarlo de sus captores. El Ministro nos ha indicado que ya se está investigando… https://t.co/I3vE2hhuv8
— Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) April 14, 2025
La desaparición de Max Gil, de 31 años, ocurrió la madrugada del sábado 12 de abril, cuando un grupo de hombres llegó hasta su vivienda en la colonia Jerusalén, gritando “¡Abran, es la policía!”. Desde ese momento, su paradero se desconoce.
La denuncia fue dada a conocer por Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), quien señaló que Castillo Mejía es hermano del presidente del Patronato de la comunidad de Punta Piedra, y exigió su aparición con vida.
La desaparición de Max Gil Castillo Mejía se produce en un contexto de creciente tensión para las comunidades garífunas, apenas unos días después de que cientos de personas marcharan en Tegucigalpa exigiendo al Estado hondureño el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Dichas sentencias ordenan la restitución de territorios ancestrales a pueblos como Punta Piedra, San Juan y Triunfo de la Cruz.
Desde la (OFRANEH) se ha venido advirtiendo sobre un patrón de criminalización, hostigamiento y desapariciones forzadas contra líderes comunitarios, sin que hasta ahora haya respuestas eficaces por parte del Estado. Diversos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación por esta situación y demandan al gobierno hondureño actuar de forma urgente y efectiva.
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