Recordó que el 27 de marzo del presente año, el Conadeh presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas forzadamente.

“Reitero atentamente las instancias del Conadeh al Poder Legislativo para que legisle pronta y debidamente la creación y puesta en vigencia de esa ley que facilitará el encuentro de soluciones estratégicas para prevenir o mitigar las causas que obligan a nuestro compatriotas a huir o escapar de su lugar de residencia habitual o de su hogar para evitar situaciones que amenazan su vida”, apuntó.

Este llamado el Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos lo planteó durante la presentación del boletín “Causas del desplazamiento forzado”. En donde reveló que solo en este año han atendido 845 casos de desplazamiento forzado, que atañen a 2.700 personas.

Desde el año 2016 al 2019 ha atendido 3.007 casos que involucran a unas siete mil personas dijo el comisionado, Roberto Herrera Cáceres. “Hemos presentado dos informes especiales sobre el desplazamiento forzado y cinco infografías”, adelanto que el informe anual presente será publicado en los días próximos.

Entre lo que detallara allí, mencionó que en Centro América son decenas de millares de personas que resultan víctimas del desplazamiento forzado. “Ello se opone al Acuerdo de Esquipulas, o procedimiento para establecer una paz firme y duradera en Centro América”.

“La realidad que estamos viviendo solo evidencia que las causas (para el desplazamiento) continúan afectando la salud democrática esperada para la región Centroamericana, que hoy sería vigorosa de haber cumplido por todos los Estados centroamericanos de entrar a proceso de consolidación democrática, hacia un sistema de bienestar económico y de justicia social”, expuso Herrera.

“La falta oportuna e ineludible de buena fe de esos compromisos, que forman parte del Estado democrático de Derecho en Todo Centro América, coloca también al Estado y a la sociedad de Honduras en la situación actual de avances poco significativos en la lucha contra el subdesarrollo, la pobreza, la desigualdad, social, la violencia, el crimen organizado, la corrupción e impunidad; la intolerancia política, la no discriminación, entre otros males públicos”, detalló.

No obstante, reconoció que el país ha tomado algunas medidas positivas durante los últimos seis años para la protección de las personas víctimas del desplazamiento forzado. “El Estado de Honduras reconoció desde el 2013 que el desplazamiento forzado interno generado por la violencia y por el accionar de la criminalidad organizada crea situaciones contrarias a la dignidad del ser humano y contra la vida”.