La Coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Cándida Maradiaga, expresó su profunda preocupación ante estos hechos que, según ella, lejos de garantizar la seguridad ciudadana, ponen en peligro la vida de la juventud hondureña.

“Realmente es altamente preocupante para el Conadeh que situaciones lamentables y violentas como estas sigan andando en el país, sobre todo cuando hablamos de la institucionalidad pública”, afirmó Maradiaga durante una declaración brindada a medios nacionales.

Según la representante del Conadeh, este tipo de hechos violentos ponen en evidencia un patrón repetitivo en el accionar de las fuerzas policiales, lo cual resulta inaceptable en un Estado de derecho. “No es la primera vez que la policía comete hechos como este. Hay un uso desproporcionado de la fuerza, y eso debe investigarse a fondo”, exigió.

Además, Maradiaga cuestionó el cumplimiento del manual sobre el uso de la fuerza y armas de fuego que la Policía Nacional está obligada a seguir. Para ella, la reacción de los uniformados no corresponde a los estándares nacionales e internacionales sobre cómo debe actuar una fuerza del orden ante adolescentes.

“Creo que realmente no se está utilizando el manual del uso de la fuerza y armas de fuego. Es una respuesta desproporcionada a los hechos, según se relata en los medios”, declaró.

La defensora también hizo un llamado directo al Ministerio Público para que se realice una investigación exhaustiva, con el fin de esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades correspondientes. “Exigimos realmente a las autoridades de la policía que se haga una investigación exhaustiva y se deduzca la responsabilidad del caso a la persona que cometió este hecho lamentable”, agregó.

En su pronunciamiento, Maradiaga también abordó el impacto social que este tipo de sucesos genera entre la población, especialmente entre los jóvenes, quienes ven en las instituciones públicas una amenaza en vez de protección. “Esto no solo genera la falta de credibilidad institucional, también la desconfianza por parte de la población”, lamentó.

Asimismo, recordó que los adolescentes deben ser protegidos por el Estado y no violentados por quienes tienen el deber de cuidarles. “Un menor de 16 años que está en plena juventud, que más bien debió protegerse en ese momento y no tomar una acción desproporcionada que no va de acuerdo con los manuales del uso de la fuerza”, recalcó.

Finalmente, pidió no caer en la especulación, ya que aún hay versiones encontradas, y reiteró la necesidad de que el Ministerio Público brinde información clara sobre lo ocurrido. “Invito al Ministerio Público a que haga la investigación que corresponde y nos mantenga informados sobre cuáles fueron los hechos y qué medidas se han tomado con respecto a la persona que cometió el hecho”, concluyó.