Líderes locales denuncian que la obra no respeta sus tierras ancestrales y preparan acciones legales internacionales.
PUERTO LEMPIRA, HONDURAS – Las comunidades indígenas de La Mosquitia, lideradas por el Consejo Territorial de Mocorón, han intensificado su resistencia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en sus territorios. Avilés Murphy, presidente del Consejo Territorial, expresó en una entrevista que los habitantes permanecerán en vigilia permanente en el lugar destinado para la obra hasta que el gobierno desista del proyecto.
“Estamos aquí porque defendemos nuestras tierras. Ningún narcotraficante nos está apoyando. Esta es una resistencia legítima de nuestro pueblo, no una actividad criminal como insinúan las autoridades”, aseguró Murfi, refiriéndose a las declaraciones de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien vinculó la oposición local a presuntos grupos delictivos.
Acusaciones de Invasión y Falta de Consulta
Murphy recordó que las tierras seleccionadas para la cárcel fueron ocupadas por el Estado en 1982, durante el conflicto nicaragüense, cuando refugiados cruzaron hacia Honduras. Según el líder, desde entonces se han violado los derechos territoriales de las comunidades indígenas, incluido un cementerio cercano al sitio de construcción.
“La ministra no puede confundir la resistencia legítima de un pueblo con la delincuencia. Si ellos saben quiénes son los narcos, que los arresten, pero que no utilicen eso como excusa para destruir nuestras tierras”, añadió.
Además, Murphy denunció la falta de una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Honduras está suscrito.
Resistencia y Demandas Legales
Las comunidades han anunciado que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el gobierno hondureño está violando derechos básicos de los pueblos originarios.
“No permitiremos que se construya esta cárcel en nuestro territorio. Si el gobierno insiste, actuaremos legalmente a nivel internacional. Estas tierras no están disponibles para que el Estado haga lo que quiera”, declaró Murfi.
El Gobierno Defiende el Proyecto
Por su parte, la ministra Moncada justificó la construcción del centro penitenciario como una medida urgente para combatir el narcotráfico en la región. Según la funcionaria, la cárcel permitirá aislar a los líderes del crimen organizado.
Sin embargo, los pobladores han rechazado estas afirmaciones, acusando al gobierno de desviar la atención de la problemática real: la falta de inversión en educación, salud e infraestructura en La Mosquitia.
“Necesitamos hospitales y escuelas, no una cárcel. El gobierno debe escuchar a las comunidades y respetar nuestra voz”, concluyó Murfi.
La tensión en Mocorón continúa escalando, con las comunidades indígenas decididas a impedir la construcción de la cárcel mediante acciones de resistencia y demandas internacionales. La respuesta del gobierno a estas demandas será clave para determinar el desenlace del conflicto en una de las regiones más históricamente desatendidas de Honduras.