Tegucigalpa_ Más de 50 personas, entre líderes comunitarios y representantes de diversas organizaciones, viajaron desde la zona montañosa de Tocoa hasta Tegucigalpa para reunirse con el Fiscal General, Johel Zelaya.

En la reunión, denunciaron violaciones contra sus derechos y la vulnerabilidad en la que se encuentran debido a las amenazas de grupos violentos de la zona.

Según los comunitarios, grupos radicales han asesinado a 10 personas por estar a favor de un proyecto minero.

«Hicimos un gran esfuerzo por venir todos desde Tocoa hasta acá pidiendo ayuda y justicia y por eso agradecemos al Señor Fiscal General habernos recibido y escuchado, expresó «.Julio César Hernández, líder de al menos siete comunidades de montaña de Tocoa.

El líder comunitario contó que ante los abusos y crímenes contra ellos, han conformado el Comité para la Paz y Desarrollo de Tocoa (Copade), con el que buscan garantizar que se respeten los derechos de las comunidades.

«Ya recibimos muchos golpes y queremos que nos respeten nuestros derechos. Hay una empresa minera, Inversiones Los Pinares, que apoyaba nuestras comunidades y ahora no la dejan operar y dejaron a más de 800 personas sin trabajo y quedaron en el aire los proyectos de escuelas, calles y salud con que nos ayudaban.

El comunitario dijo que: «quienes se oponen a la minera son falsos ambientalistas que ni siquiera pertenecen a la zona de influencia y por años ese grupo ha metido miedo en Tocoa amenazando a quienes apoyamos al proyecto».

Nosotros somos familias enteras que vivimos en esas zonas desde antes de 1980 y tenemos nuestros terrenos ahí desde mucho antes que se inventaran crear un parque y poner límites.

Ahora dicen que van a ampliar esos límites de zona núcleo, pero eso no se puede, porque tienen que respetar nuestros derechos y no hacer cosas a lo loco en el Congreso, porque ahí están nuestras casas y propiedades», criticó Hernández.

Miembros de la Asociación de Ambiente, Derechos Humanos y Justicia (ADJ) dieron acompañamiento a los grupos campesinos.

Heriberto Alemán, de ADJ, declaró que «El Fiscal General ha dicho que el deber del Ministerio Público es escuchar al pueblo que clama justicia y él mostró su buena disposición al recibir a los habitantes de estas comunidades y conocer sus denuncias en persona. Confiamos en que buscará que se haga justicia por las muertes violentas de estas personas que estaban en su derecho de apoyar ese proyecto minero.

Los representantes de las comunidades expresaron su agradecimiento al Fiscal General por la apertura de recibirlos y escucharlos personalmente para conocer su situación de riesgo.