Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó a través de Twitter las acciones relacionadas al decreto de amnistía para presos políticos, que este viernes dejaron en Libertad a Flores Lanza, exministro de presidencia, acusado de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya, en el caso conocido como El Carretillazo.
La amnistía dejó sin valor y efecto la orden de arresto sobre Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia. El había permanecido en calidad de refugiado político en Nicaragua. El2 de febrero el Congreso Nacional aprobó el decreto No 4-2022 de amnistía política que es considerado por varios sectores como un nuevo «pacto de impunidad».
Al respecto, también se manifestó el jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, quien ha manifestado que los que menos se han beneficiado con el decreto de amnistía aprobado por el reciente Congreso son los verdaderos presos políticos.
El capítulo II de ese decreto establece que se concede amnistía general, amplia e incondicional a las personas que hayan sido acusadas penalmente y se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009 en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
