Cheque en blanco y carta con todas las libertades, para instituciones involucradas en la reconstrucción

Eso porque con un decreto legislativo entregarían proyectos de reconstrucción sin la necesidad de licitación, en tal sentido, se le estaría dado potestad de entregar proyectos a quien desee la institución gubernamental  involucrada en la reconstrucción sin tener que justificar ni dar explicación alguna.

El borrador de ley está encaminado a facilitar y evitar las trabas gubernamentales a la hora de contratar a quienes repararán los daños causas por Eta e Iota, pero este deja un mar de dudas y de llaves abiertas para que se den abusos de quienes las usen.

El borrador, tal como está al momento antes de ser discutido por el pleno del Congreso Nacional, no indica  aspectos que marquen un límite en cuanto a montos de costos, ni total por proyecto, ni por kilómetro de construcción o pavimentación según sea el caso; como tampoco se sabe de cuánto es el fideicomiso que se tiene apartado para financiar los proyectos de reconstrucción.

Tampoco contempla medidas regulatorias en absoluto. Es más, sí contine una ‘llave’ que deja amarrados contratos para que por fuerza sean cumplidos por gobiernos posteriores al actual y siempre sin el requisito de ser aprobados por el Congreso Nacional.

Por todos estos aspectos que son letales para la transparencia y atropellan los esfuerzos anticorrupción, es que el mismo es considerado como un ‘cheque en blanco’ extendido a todas las instituciones de gobierno que trabajen por la reconstrucción a causa de los daños que dejó Eta e Iota.

Es de resaltar que si bien es cierto el proyecto ya cuenta con un dictamen favorable, aún se encuentra en etapa de borrador y dependerá de los diputados de oposición, que el mismo quede ‘varado en el camino’ en la sesión parlamentaria programada para este jueves.

El dictamen fue elaborado por una comisión especial, nombrada por el Presidente del Congreso Nacional, en relación al proyecto de Decreto orientado aprobar la “adopción de disposiciones legales y mecanismos extraordinarios de contratación que permitan una ejecución ágil, eficiente y efectiva de obras de infraestructura orientadas a la reconstrucción nacional y la reactivación económica”, presentado a la consideración del Pleno por los Honorables Diputados Marcos Antonio Velásquez, Mario Orlando Reyes Mejía, Melvin Roberto Paredes Milla, Erik José Alvarado Alvarado, Olga Josefa Ayala Alvarenga, Roy Dagoberto Pérez, Gladys Suyapa Ramos Benítez, Lourdes Ernestina Fajardo Ramos, y  Angélica María García Mejía, sobre la tarea encomendada.

Noticias 24/7 HN revela el borrador de este proyecto de ley, que muestra algunos vacíos que podrían ser utilizados de una forma incorrecta:

POR TANTO;

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Exonerar durante el año 2021, a los proyectos relacionados con el “FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA VIAL” a que hace referencia el Convenio CUATRI-PARTITO, de fecha 1 de diciembre de 2020, aprobado mediante Decreto Legislativo 161-2020,  así como de proyectos financiados con otras fuentes de financiamiento relacionados con la reconstrucción de obras de infraestructura que resultaron perjudicadas en el marco de las tormentas tropicales ETA e IOTA, de la Nota de Prioridad que conforme a la legislación en materia de presupuesto debe emitir la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas.

ARTÍCULO 2.- Se autoriza a todas las instituciones ejecutoras de obras de infraestructura para que puedan intercambiar la base de datos de empresas precalificadas, con el fin de acortar los tiempos y procesos para la adquisición y adjudicación de estas obras. Además, podrán usar la base de datos de contratistas registrados en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para tal fin.

ARTÍCULO 3.- En virtud de los daños causados por las tormentas tropicales ETA – IOTA y la necesidad imperante de la reactivación económica de Honduras, los proyectos de Infraestructura en la red vial primaria, secundaria, terciaria, urbana e infraestructura menor, incluyendo sus servicios de diseño, construcción, supervisión, verificación y auditorias, y aquellos de interés nacional, financiados por el Fideicomiso de Infraestructura Vial u otras fuentes de financiamiento, SERÁN EJECUTADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA,. Los procesos de contratación deberán ser debidamente auditados de forma interna y externa, así como acompañados por firmas verificadoras; este proceso de auditoría y verificación deberá ser financiado con fondos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura Vial en el caso de los proyectos que se ejecuten con fondos de dicho Fideicomiso; en los proyectos cuya ejecución se financie con otras fuentes distintas a dicho Fideicomiso, tales fuentes deberán incluir el financiamiento de los procesos de auditoria y verificación de esos proyectos.

Las contrataciones a que hace referencia el presente numeral deben respetar los principios de Transparencia en su formulación, ejecución, rendición de cuentas, veeduría social, participación ciudadana, máxima divulgación y publicidad en los actos y contratos que por su naturaleza sean de interés público.

En aplicación de los artículos 1033, 1035, 1036 y 1037 del Código de Comercio, los contratos suscritos en el marco del Fideicomiso de Infraestructura Vial a que hace referencia el Decreto 161-2020, QUE TRASCIENDAN EL PRESENTE PERIODO DE GOBIERNO NO REQUERIRÁN PARA SU EJECUCIÓN POSTERIOR APROBACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL.

ARTÍCULO 4.- A más tardar treinta (30) días después de la entrada en vigencia el presente decreto, las instituciones del Sector Público que contemplen en su presupuesto de 2021 asignaciones presupuestarias con fuentes diferentes a la de fondos nacionales, o que cuenten con recursos consignados en fideicomisos con cualquier fuente de financiamiento, deberán implementar procedimientos expeditos de pago a contratistas por

estimaciones mensuales de obra y a consultores por servicios mensuales de diseño y supervisión de obras.

Los procedimientos expeditos a que se refiere el párrafo anterior deberán permitir efectuar los pagos a contratistas y a consultores en un plazo máximo de diez (10) días calendario de al menos el 90% del monto devengado en el periodo, y el 10% restante como máximo quince (15) días después.

Los plazos señalados en el párrafo precedente se establecen a partir de la fecha de la presentación de los documentos de cobro en las instituciones ejecutoras correspondientes, aprobadas por el supervisor respectivo en el caso de los contratistas; y aprobados por el coordinador de proyectos en el caso de los consultores.  Se exceptúan de estos plazos el pago final de la construcción de un proyecto.

ARTÍCULO 5.– El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los _______ días del mes _____ del año 2021.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *