El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), planteó siete aspectos que para la organización son cruciales en el avance hacia una equidad fiscal.

La primera, pasa por desarrollar un sistema de capacidades laborales con un enfoque de corto, mediano y largo plazo. Partiendo de la base que esta ley pretende promover la inversión nacional y extranjera para generar empleo, se debe poner en marcha un sistema de capacitación de la fuerza laboral, especializada, para no competir en base a mano de obra barata, puesto que esto solo viene a profundizar la situación actual de pobreza y desigualdad.

Como segundo aspecto, dice el CESPAD, la Ley también debería plantear el rediseño del Estado con el objetivo de asegurar el apoyo a la producción nacional. Para eso es necesario el rediseño del Estado en temas como innovación tecnológica, asistencia técnica, apoyo financiero y facilitaciones para el acceso de los productores a los mercados nacionales e internacionales.

“Nos parece que de los sectores identificados en el artículo 2, es esencial priorizarlos en el tema de la agricultura y el bosque, que son sectores generadores de amplio empleo y forman parte de las zonas rurales, donde está concentrada la pobreza y, desafortunadamente, la extrema pobreza”, indicó Irías en su exposición de las propuestas.

La tercera propuesta busca asegurar los beneficios fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la ampliación del régimen RINDE, especialmente a aquellas que generan empleo digno, con derechos sociales y salarios mayores al mínimo. “RINDE habla solo de nuevos emprendimientos y aquí nosotros planteamos de empresas que existen, que han sobrevivido en un ambiente de competencia desleal”, expresó el director del CESPAD.

Mientras, la cuarta propuesta consiste en asegurar la calidad del gasto. Que los hondureños y hondureñas puedan tener la certeza de que una mayor recaudación fiscal producto de la aplicación de esta ley será enfocada “responsablemente en la promoción del desarrollo”, refiere el documento. Esto implica el compromiso del Estado en aumentar la inversión pública en educación, salud, infraestructura y no en gastos improductivos, como el gasto militar o el gasto corriente.

La quinta propuesta sugiere que se legisle, de forma explícita, que las remesas no serán gravadas por impuestos derivados de esta ley. Aunque los funcionarios han descartado esta posibilidad, esto podría dejarse más claro “en algún apartado del artículo 29, por adición”.

La sexta propuesta está orientada a proteger el medioambiente y a las personas que habitan las comunidades. Es un hecho que algunas grandes industrias suelen generar contaminación, una situación que debe gravarse bajo tres esquemas: prevención, reparación y sanción. “Es importante recordar que las externalidades de la producción las asumen las comunidades y los sistemas ecológicos, estas son las que nos interesan desde el punto de vista fiscal, ya que los tributos ambientales intentan solucionar tales fallas económicas”, apunta el documento.

Lucía Vijil sugirió revisar cuáles han sido los controles por parte del Estado a las empresas que operan en todos los regímenes “y ver cuál es el daño generado al medioambiente, desde el uso de la tecnología, desde la quema de combustible y cómo han aportado”. Indicó que entidades como el Banco Mundial mantienen datos sobre la producción de dióxido de carbono por cada una de las industrias instaladas, por maquilas, quema de combustibles, transformación energética, y cómo eso está aumentando los niveles de contaminación.

“Estamos ante una crisis climática, por lo tanto, hemos considerado que es relevante sea incorporada esta visión”, añadió.

Aclaró que compensar los daños a una comunidad o a un entorno ambiental no hace referencia exclusivamente al tema económico, sino a la capacidad de regenerar los ecosistemas. Ejemplificó que un río contaminado por una empresa no volverá a la vida en cinco años, y hacer que ese río vuelva a ser funcional para las actividades comunitarias implica un gasto para el Estado, y ese es el momento cuando las empresas deben asumir sus compromisos.

La última propuesta está ligada a la anterior, pero es específica para el tema explotación de petróleo. El CESPAD expresó su preocupación de que este sea uno de los rubros priorizados por el Estado para la promoción de la inversión extranjera, a causa de la probable conflictividad y daños socio-ambientales. Aconsejan tomar medidas tributarias “para evitar, controlar y reparar los daños a la naturaleza y a las comunidades” que la producción de este rubro pudiera provocar.

En sus consideraciones finales, el director del CESPAD manifestó su preocupación por que, pese a la discusión en torno al tema del secreto bancario con fines administrativos, “desde hace más de un año sigue pendiente la discusión y la derogación del secreto bancario con fines de acción penal y que constituye uno de los pactos de impunidad. La no derogación de este decreto tiene paralizada cualquier acción que se pueda intentar desde la justicia contra actores corruptos, pues se vuelve inviable”.

En el cierre del documento se expresa que para el CESPAD “el punto central o el trasfondo de esta ley” es comenzar a sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo dándole prioridad al mercado interno sin abandonar la política de exportaciones, incrementar el empleo digno, mayor responsabilidad con la sustentabilidad ambiental y ecológica y reducir la pobreza y desigualdades.

“Nos parece esencial que con la discusión y aprobación de esta ley se sienten las base en la construcción de un pacto social y fiscal que involucre y asegure el diálogo y consenso entre el gobierno, el gran sector privado, los micro, pequeños y medianos empresarias y la diversidad de sectores sociales que constituyen Honduras”.

Tras la exposición, los miembros de la comisión especial y la delegación de CESPAD participaron en un diálogo abierto en el que se aclararon dudas y se ampliaron los conceptos. La reunión se extendió por más de dos horas y concluyó con una conferencia de prensa.