CESPAD alerta que interferencia de partidos políticos pone en riesgo el TREP en las próximas elecciones

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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), ha alertado sobre el riesgo que existe con la no disposición de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) creíble, efectivo para el día de las elecciones generales, así como advierte de la interferencia de partidos políticos en el proceso.

Según CESPAD tal problemática se debe a que el pasado 3 de agosto, los consejeros del CNE, Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada, aprobaron, de forma unánime, la adjudicación del contrato a la empresa Grupo Magic Software Argentina (MSA), sin embargo Aguirre, quien asumió recientemente la presidencia del CNE, en el mes de septiembre, ahora anuncia un cambio en su posición.

La posición de Aguirre surge luego de la confrontación que se generó en lo interno de esa institución política, cuando las consejeras Moncada y Hall se opusieron al nombramiento de Jesús Mejía, como asesor del CNE, no obstante, luego de confrontaciones entre los consejales, Mejía, ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y actual coordinador político del Partido Nacional, fue nombrado por Aguirre como su asesor personal.

El problema se agrava con la negativa de cuatro instituciones bancarias hondureñas, de concederle a la empresa argentina una garantía de mantenimiento para cumplir con uno de los requisitos de contratación, una situación que pone en mayor crisis la puesta en marcha del TREP.

Por su parte, la consejera Moncada acusa al partido Nacional de pretender boicotear el TREP y dejó entrever que, incluso, podría estar influyendo ante el sistema financiero. “Resulta sospechoso que cuatro empresas bancarias del país hayan negado esa garantía de cumplimiento de contrato por un 15 por ciento, sobre el monto del contrato adjudicado”, dijo.

Ante este escenario CESPAD demanda al CNE una solución urgente a la actual problemática, a fin de asegurar la disponibilidad de un TREP el 28 de noviembre, con el tiempo suficiente para hacer las pruebas técnicas y garantizar la capacitación de los funcionarios responsables de su uso.

De igual forma, pide a las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales, a mantener la vigilancia, la denuncia y exigencia a la institucionalidad para asegurar elecciones trasparentes, competitivas, equitativas y pacíficas, condición esencial hacia la solución de la larga crisis política que enfrenta el país desde el golpe de Estado del 28 junio del 2009.

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