¿Cerrada la caja de pandora? Tribunal absuelve a implicados en caso Pandora

RECORTE TEMIS 2


Tal es la información que se desprende desde la Casa de la Justicia, en donde una decisión solo deja a cuatro imputados con auto de formal procesamiento, en tanto 22 quedan absueltos.

El Tribunal de Excepción determinó revocar la medida de auto de formal procesamiento para: José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irias Navas, Elvin Santos, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda, Ramón Antonio Lara, Lenín Chávez, Armando José Rivera, Hernan Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro, Franklin Erick Toruño, Jean Francois Marie de Peyrecave, Josué Francisco Velásquez, José Luis Flamenco, Ernesto Galeas Martínez, Edgardo Enrique Lanza, Lenín Rigoberto Ramos, José Adolfo Sierra, Félix Francisco Pacheco, todos ellos por suponerlos responsables del delito de encubrimiento por receptación en perjuicio de la administración pública y en su lugar se dicta sobreseimiento definitivo a su favor.

Se confirmó el auto de formal procesamiento para: José Jacobo Regalado Weizenblut, Laura Aidee Arita Palma y Velkis Rosibel Hernández.

A Regalado Weizenblut se le acusa por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales. Se le mantiene la medida de prisión preventiva.

A Arita Palma se le imputa por falsificación de documentos y fraude. Tiene medidas cautelares distintas a prisión.

En tanto, a Rosibel Hernández se le señala por cuatro delitos de falsificación de documentos. Ella tiene medidas cautelares distintas a prisión.

En el caso de Norma Keffy Montes Chandía se le reforma el auto de formal procesamiento por el delito de abuso de autoridad, razón por la cual mantiene la medida por violación a los deberes de los funcionarios y fraude.

Como recordarán, el Caso Pandora involucró inicialmente a 38 funcionarios, entre ellos varios actuales diputados, por presunta malversación de fondos por más de 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.

De los 38 imputados: uno estaba en la cárcel, tres con sobreseimiento definitivo (un fallecido), tres prófugos y 29 con medidas distintas a la prisión.

La acusación involucró a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.

El monto descubierto fue de 282 millones 116 mil 175 lempiras. Todos estos fondos públicos provenían de la SAG, así como de la Secretaría de Finanzas. Para drenar estos fondos se usaron las fundaciones Di Batista y Todos Somos Honduras.

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