El SNE-911, al anunciar acciones legales contra los periodistas involucrados, abre una puerta peligrosa para la libertad de prensa en Honduras. Las consecuencias legales que puedan derivarse de este tipo de medidas pueden generar un ambiente de autocensura en los medios.

Tegucigalpa. La comisionada presidencial del Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911), Miroslava Cerpas, ha lanzado duras críticas a Diario El Heraldo por la publicación de varias notas entre estos un reportaje titulado «A agropecuaria compraron brazos para cámaras del 911», publicado el pasado 17 de enero. En un giro inesperado, la funcionaria no solo descalificó la información presentada, sino que también anunció acciones legales contra los periodistas responsables, acusándolos de difundir «desinformación pública».

El artículo en cuestión destapó detalles sobre una licitación adjudicada a la empresa Suagro, dedicada a la venta de insumos agrícolas y veterinarios, dándole la responsabilidad de fabricación de 2,100 brazos metálicos a un costo de 4.1 millones de lempiras. Este proceso se enmarca dentro del proyecto Seguridad al 100, que tiene como objetivo la instalación de 5,000 cámaras de vigilancia en todo el país. Sin embargo, el reportaje de El Heraldo cuestiona la idoneidad de una empresa dedicada a la agroindustria en un contrato que implica equipamiento tecnológico para la seguridad nacional, lo que levantó suspicacias sobre posibles irregularidades en el proceso de licitación.

En respuesta, Cerpas no solo defendió el accionar del SNE-911, sino que, en un tono firme, acusó al periódico de dañar la reputación de las empresas que participan en los procesos del Estado, afectando su prestigio comercial. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la comisionada escribió: “Lamentamos el daño que provoca la desinformación pública a las empresas privadas proveedoras del Estado, las cuales cumplen con el pago de impuestos y generan empleo, contribuyendo así al sostenimiento de la economía del país”.

Aseguró que la publicación de El Heraldo había provocado perjuicios serios a la imagen de las empresas involucradas, y cuestionó los estándares periodísticos utilizados en el reportaje.

La transparencia en duda

El comunicado oficial emitido por el SNE-911 también lanzó un mensaje enérgico, advirtiendo que tomarían acciones legales por «publicidad constitutiva de injurias» contra los comunicadores responsables de la publicación. A juicio de Cerpas,-quien defiende vehementemente a las empresas a la que se les adjudico el proyecto- la desinformación mediática había provocado daños a la imagen de las empresas que habían cumplido con los requisitos establecidos por la Ley de Contratación del Estado, a través de procesos licitatorios claros y transparentes.

La polémica, sin embargo, va más allá de las acusaciones de corrupción; la pregunta subyacente es si el SNE-911 ha gestionado de manera adecuada la comunicación de estos procesos.

La defensa de Cerpas se centró en resaltar la legalidad de las licitaciones del proyecto Seguridad al 100 y su alineación con los principios de transparencia y competencia. Sin embargo, el cuestionamiento plasmado en el reportaje de investigación de El Heraldo sobre la falta de especialización de la empresa Suagro en el rubro tecnológico, plantea serias dudas sobre la supervisión y la idoneidad de los procesos de adjudicación. La comisionada también se dirigió al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), solicitando un pronunciamiento ante los perjuicios causados a las empresas privadas del país.

¿Un llamado a la censura?

La reacción de Cerpas ante el reportaje de El Heraldo ha generado un debate más amplio sobre el rol de los medios de comunicación en la fiscalización del poder público. Si bien es importante defender a las empresas del daño a su reputación, la reacción del gobierno plantea la cuestión de si las críticas al ejercicio público pueden ser vistas como un desafío o una amenaza por parte de las autoridades. En un contexto democrático, los medios juegan un papel crucial en cuestionar las decisiones gubernamentales, algo que no puede ser silenciado bajo acusaciones de desinformación sin una evaluación pública más rigurosa.