San Pedro Sula. La inseguridad jurídica generada por las constantes invasiones de tierras está afectando de forma directa a la economía hondureña, provocando pérdidas multimillonarias, paralización de inversiones y aumento del desempleo. Así lo advirtió este lunes el abogado Ramiro Medina, quien señaló que Honduras está perdiendo más de 200 millones de lempiras diarios a causa de esta problemática.
En entrevista para el noticiero Hoy Mismo de TSi, Medina explicó que las cifras son alarmantes y que el impacto económico se ha duplicado en los últimos años. “El gobierno hablaba de 100 millones diarios hace un tiempo. Hoy, estamos hablando de más de 200 millones de lempiras cada día”, sostuvo.
“Nadie quiere invertir donde no hay seguridad jurídica”
El abogado fue enfático al decir que el país está perdiendo oportunidades claves de desarrollo por no garantizar el respeto a la propiedad privada.
“No hay nueva inversión, no hay generación de empleo y la inversión extranjera no está viniendo. Nadie quiere invertir en un país donde no hay seguridad jurídica en materia de bienes inmuebles”, sentenció.
Medina explicó que los sectores más golpeados son la palma africana, las áreas de bosques productivos y las propiedades urbanas, muchas de las cuales han sido ocupadas ilegalmente. “Estamos hablando de cerca de 150,000 manzanas de tierra invadidas en todo el país”, reveló.
Instituciones ausentes y estructuras criminales involucradas
Uno de los puntos más delicados que abordó el abogado es la inacción de las autoridades. “Ni el Instituto de la Propiedad, ni los juzgados, ni la Fiscalía, ni la Policía han podido resolver esta situación, por temor o falta de acción”, denunció.
Además, detalló que hay zonas como la Mosquitia (Gracias a Dios) donde ya se contabilizan más de 1,600 nuevas invasiones, algunas vinculadas a desplazamientos forzados, y otras que estarían ligadas directamente con estructuras del crimen organizado, como ocurre en algunas zonas de Yoro.
También advirtió que ciertas tierras invadidas han terminado en manos de particulares mediante mecanismos irregulares, presuntamente facilitados desde el Instituto Nacional Agrario (INA) o el Instituto de la Propiedad (IP).
“Estamos investigando cómo estas tierras han terminado en manos de estructuras criminales. Es un tema que requiere atención urgente”, remarcó.
Urge voluntad política
Finalmente, Medina hizo un llamado a las autoridades para restablecer la seguridad jurídica, que a su criterio, es la base para atraer inversión, crear empleos y garantizar desarrollo económico.
“Sin seguridad jurídica, no hay inversión, no hay empleo y no hay desarrollo. Es momento de actuar con firmeza”, concluyó.
