Lobo advirtió que, si la hoja de incidencia no se incluye al momento de evaluar un acta, se ignora si el biométrico funcionó al 100% o presentó fallas.

TEGUCIGALPA. El proceso de elecciones primarias en Honduras sigue bajo intenso escrutinio público y legal. Diversos sectores señalan inconsistencias en la validación de votos mediante dispositivos biométricos, falta de capacitación del personal involucrado y aparentes contradicciones al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE). Paralelamente, el Ministerio Público (MP) ha solicitado datos sobre el número de personas registradas en el sistema biométrico en distintas Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que abre un nuevo frente de debate sobre la confiabilidad de la información utilizada para posibles acusaciones.

Biometría en entredicho

De acuerdo con el análisis divulgado en el programa “En la Mira”, el exconsejero del CNE, Germán Lobo, señaló que el uso de dispositivos biométricos tuvo limitaciones considerables. “¿Cuántos aparatos de biometría trabajaron al 100% o al 50%?”, cuestionó Lobo, atribuyendo los fallos a la escasa capacitación de custodios y miembros de las mesas. A esto se suma la complejidad de tener dos contraseñas para encender y luego habilitar el equipo, provocando confusiones que derivaron en la no utilización efectiva del sistema.

A decir de un técnico de alta gerencia citado por Lobo, muchos operadores encendieron los aparatos, pero olvidaron ingresar la segunda contraseña requerida para su funcionamiento. Esta omisión dejó, en ciertos casos, un registro fotográfico o manual de votantes en lugar del control biométrico, complicando la coherencia entre el número de personas que acudieron a las urnas y las huellas dactilares registradas.

Cuaderno de votación y hoja de incidencia

Para validar o verificar una JRV, el CNE aprobó un reglamento que contempla tres elementos principales, destacó  el exconsejero: el cuaderno de votación (donde se asientan firmas o huellas),el registro biométrico (con un rango de ciudadanos efectivamente captados por el dispositivo) y la hoja de incidencia (donde se reportan fallas o situaciones atípicas, como la “desconfiguración” de los aparatos).

Lobo advirtió que, si la hoja de incidencia no se incluye al momento de evaluar un acta, se ignora si el biométrico funcionó al 100% o presentó fallas. “Puede darse el caso de que, si solo se revisa el registro biométrico, el MP acuse a personas que no deberían ser acusadas”, enfatizó, aludiendo a la posibilidad de error judicial si no se confrontan todos los elementos.

El rol del Ministerio Público

El MP solicitó formalmente al CNE la cantidad de personas registradas a través de la biometría en las diferentes juntas. Sin embargo, los datos podrían variar, pues hay JRV donde el sistema se interrumpió por problemas técnicos o desconocimiento del personal.

“El MP debería pedir también el escaneo del cuaderno de votación para contrastarlo con el biométrico; si con ambos elementos hay carga superior en el acta, procede un requerimiento fiscal. Pero si solo se usa el biométrico, pueden llevarse una sorpresa”, advirtió Lobo.

Validación de las actas

Otro tema controvertido es el proceso de validación de las actas. Por ley, el órgano electoral no cuenta los votos físicamente en este primer nivel: recibe las actas y las computa. Cuando se detectan inconsistencias —borrones, datos que no concuerdan o falta de las firmas requeridas—, el acta pasa a revisión o escrutinio especial.

En este ciclo electoral, el uso del dispositivo biométrico fue un factor adicional para la validación de las actas:

Mesas sin uso de biometría o con uso irregular pasan automáticamente a una revisión especial.

Si la sumatoria de ciudadanos que supuestamente acudieron a votar no coincide con lo reflejado en el biométrico o en el cuaderno de votación, se profundiza la investigación.

Carga electoral y posible “inflado”

En las elecciones primarias, cada mesa receptora divide la carga electoral entre los tres partidos participantes. Según Lobo, es “imposible” que el 100% de los votantes de una misma JRV aparezcan en un solo partido, ya que, en teoría, se distribuye de manera equitativa.

Si, por ejemplo, la carga total es de 400 votantes, la suma de votos contabilizados para cada partido en esa mesa no puede exceder dicho número. Cualquier cifra que sobrepase esa capacidad generaría sospechas de un “acta inflada”.

Choques mediáticos y actuación de consejeros

Otro aspecto mencionado es la creciente tendencia a debatir asuntos internos del CNE en medios de comunicación y redes sociales. Según Lobo, la ley electoral prohíbe a consejeros emitir opiniones públicas que adelanten criterio sobre temas que podrían resolver oficialmente, ya que su imparcialidad quedaría en duda.

El caso de Marlon Ochoa —consejero que denunció públicamente la existencia de actas infladas— genera polémica, porque, a la vez, plantea que la ley le prohíbe firmar declaratorias definitivas.

Lobo califica esto como una “contradicción”, ya que la ley sí obliga al CNE a formalizar los resultados. Además, sugiere que Ochoa “sesga sus posiciones” a favor del partido de gobierno al que pertenece, tal como se desprende de sus intervenciones en redes.

Los señalamientos sobre fallas técnicas, la confusión en el uso de contraseñas y la falta de capacitación han provocado que el CNE, el MP y los partidos políticos entren en una fase de enfrentamiento mediático y judicial. Especialistas como el exconsejero Germán

Lobo insisten en que la validación de las mesas debe sustentarse en tres pilares: cuaderno de votación, registro biométrico y hoja de incidencias, para evitar acusaciones equivocadas o una sobreestimación de votos.

Mientras tanto, la falta de un informe completo sobre cuántas personas realmente se registraron con biometría y cuántas firmaron manualmente, mantiene al proceso en un limbo de dudas que, de no aclararse, podría repercutir en la legitimidad de los resultados electorales, planteó  el entrevistado.