Mediante un comunicado que el Ministerio Público (MP) sacó a luz este domingo, reconoce que un empleado suyo sustrajo desde el almacén de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), armas de fuego sin la correspondiente autorización.
A la vez desmiente que tales armas son las que utilizó un grupo de criminales para perpetrar la masacre en donde murió un hijo del expresidente, Porfirio Lobo Sosa y tres jóvenes más que le acompañaban al momento del crimen.
Si bien es cierto la explicación o aclaración tiene sentido, el asunto no hubiera dado espacio a las dudas si desde esa institución la información fluyera sin letargo.
Vea que a pesar de la confusión presentada, el MP no ‘suelta todas las prenda’ aún. Muestra de ello es la observación, que sobre el mismo caso, hace la viceministra de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, al preguntarse, ¿Por qué Soraya (fiscal jefe del detenido), no ha remitido el listado de esas armas,
¿Por qué el MP no dejó bajo responsabilidad de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y no como lo hizo, dejar que sea la ATIC quien analizara dichas armas.
A consideración de la doctora y viceministra Villanueva, aquí se perdió el principio de objetividad y transparencia. De ahí que la funcionaria cuestione. ¿Hasta cuándo más de lo mismo?
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