BARRIOS: “Ley de privación de Dominio es inconstitucional porque viola el Estado de Derecho”

El exmagistrado sampedrano, Ramón Barrios, expuso en el Programa “La Tertulia”, transmitido por Canal6, que en Honduras no todos somos iguales ante la ley, su punto de vista ante esta Ley es, que más temprano que tarde le va traer graves problemas legales al Estado de Honduras.

Tomando como referencia la sentencia de confiscación que la semana anterior el Estado de Honduras hizo sobre los bienes de la familia Rosenthal, para ello se remitió al mandato de la Constitución de la República en su Artículo 103 en donde “reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada”.

Relató otro pasaje constitucional que indica que el Derecho de Propiedad no perjudica el dominio eminente del Estado, esto respaldado con el Artículo 105 que dice: “Se prohíbe la confiscación de bienes”.

Barrios leyó también otro artículo constitucional relacionado y que resulta básico en un Estado de Derecho, es el Artículo 106 que dice: “Nadie puede ser privado de su propiedad”. El mismo indica que por las únicas razones que a un ciudadano se le puede quitar ese derecho es por (A) necesidad y (B) interés público que establezca la ley. “Sin que medie previa indemnización JUSTIPRECIADA.

Esos tres artículos son base en la seguridad jurídica hondureña con respecto al derecho de la propiedad, sin embargo con el más reciente fallo judicial el togado sampedrano dijo, sin expresar por dónde. “Se han pasado estos tres artículos, no solo en el caso de los Rosenthal, con esta ley que es totalmente inconstitucional”.

Barrios no duda en decir que la Ley de Privación de Dominio es una imposición Estados Unidos, sin embargo los legisladores pasaron por alto estos tres artículos de la constitución que ahí están intactos.

Aseguró que contrario a la lógica y a lo que indica la Constitución, con la Ley de Privación de Dominio no es el Ministerio Público el que debe demostrar que un bien ha sido adquirido de forma dolosa, sino que el propietario debe demostrar que tal bien es lícito.

“El hecho es  ¿por qué yo tengo que demostrar mi derecho si ya lo tengo? Por lo tanto el que tiene que demostrar lo contrario es el Estado; pero con esa ley no funciona así, invierte la carga de la prueba, violentando además el principio de inocencia”, cuestionó.


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