La falta de rendición de cuentas y la opacidad alimentan la desconfianza en la institucionalidad hondureña, según expertos.

TEGUCIGALPA. La gestión de las subvenciones entregadas a diputados del Congreso Nacional ha generado dudas sobre la transparencia y la institucionalidad del país, según lo manifestó Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), durante una entrevista en HRN. Hernández criticó la falta de información pública sobre estas asignaciones, subrayando que Honduras enfrenta graves desafíos en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gobernanza.

Hernández calificó al Congreso Nacional como uno de los poderes más opacos del Estado, señalando que la discrecionalidad en el manejo de recursos y la agenda legislativa contribuye al deterioro de la confianza pública. «El pueblo hondureño no conoce qué se discute en las sesiones. La agenda legislativa se utiliza como mecanismo de negociación, incluso de extorsión, y esto no se permite divulgar«, afirmó.

Corrupción estructural en el sistema hondureño

La entrevista destacó los profundos problemas de corrupción estructural en los tres poderes del Estado. Según Hernández, el Poder Judicial enfrenta una crisis de independencia, agravada por decisiones como los traslados tácticos de jueces que no satisfacen intereses políticos. Este tipo de maniobras, añadió, comprometen la imparcialidad judicial y afectan la democracia hondureña.

Asimismo, criticó la falta de avances en la reforma judicial, como la creación de un Consejo de la Judicatura que independice la administración de justicia de influencias externas. «La Presidenta aún administra el presupuesto y los recursos del Poder Judicial, lo cual es un riesgo enorme para la transparencia y la autonomía», destacó.

Impunidad: una barrera para la lucha contra la corrupción

Otro aspecto clave señalado fue la alta tasa de impunidad en casos de corrupción, estimada en un 98%. Hernández explicó que la falta de consecuencias genera un ambiente en el que funcionarios y actores políticos se sienten incentivados a actuar de manera ilícita. «En un país donde solo 2 de cada 100 casos llegan a juicio, cualquiera que carezca de principios puede aprovecharse del sistema sin temor a represalias», señaló.

Además, denunció el uso indebido de fondos públicos en actividades políticas y clientelistas, a pesar de las restricciones legales existentes. «El cinismo es tal que publican en redes sociales que están repartiendo bolsas, becas y arreglando carreteras con fondos del Congreso, aunque la ley prohíbe estos actos con fines políticos», sostuvo.

El Ejecutivo y los organismos internacionales

El entrevistado también criticó al Ejecutivo, señalando que la corrupción no es exclusiva del Congreso o el Poder Judicial, sino que abarca todo el aparato estatal. En cuanto a los representantes hondureños en instituciones financieras internacionales, Hernández destacó que estas posiciones son ocupadas por personas vinculadas a círculos políticos en lugar de profesionales destacados en sus áreas.

Un llamado a la acción colectiva

Hernández enfatizó la necesidad de que todos los sectores trabajen de manera conjunta para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones del país. «Esfuerzos aislados, aunque importantes, no serán suficientes si no se abordan las causas estructurales del problema», concluyó, haciendo un llamado a la sociedad civil, los organismos internacionales y el gobierno a actuar con mayor firmeza.