Tegucigalpa. La  Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó hoy  un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional, contra del tan criticado Estado de Excepción que ha estado en vigor en diversas zonas del país.

El recurso se basa en la ilegalidad de la aplicación de este decreto y la preocupación por el incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, según explicó el abogado Nelson Casteñeda, de la ASJ.

Casteñeda destacó que la medida de restricción de derechos y garantías constitucionales debe seguir lo que establece el artículo 187 de la Constitución, un procedimiento que, según la ASJ, no se ha cumplido a cabalidad en los últimos dos años de implementación del estado de excepción.

«Nos preocupa cómo se ha ignorado lo que ya establece claramente el artículo 187, que señala el procedimiento para declarar una restricción de derechos y garantías constitucionales», mencionó Casteñeda, quien también expresó su inquietud por el impacto limitado de esta medida: «Llevamos dos años y meses con este tema, y ya van 18 decretos, pero apenas uno de ellos se ha aplicado de manera legal».

El abogado también subrayó que, a pesar de las más de 304.000 hogares víctimas de extorsión en el país, los resultados del estado de excepción en cuanto a la reducción de criminalidad no han sido los esperados. «Eso es lo que nos debe preocupar», afirmó, señalando que el problema persiste a pesar de la implementación de esta medida extraordinaria.

Además, hizo énfasis en que la decisión de imponer restricciones no es unilateral del Ejecutivo, sino que requiere la aprobación del Congreso Nacional, un procedimiento que, según Casteñeda, ha sido ignorado a lo largo de los dos años de implementación.

En relación con las cifras presentadas ayer por la organización de sociedad civil, el Poder Judicial dijo que eran falsas, el profesional del derecho  aclaró que los datos proporcionados por la ASJ son oficiales y provienen de fuentes confiables. «Las cifras que se dieron a conocer ayer no son falsas, son datos oficiales que teníamos hasta el último corte», indicó, agregando que la ASJ ha sido responsable en el manejo de la información y que actualizarán las cifras con base en sentencias condenatorias del 2024.

El representante de la ASJ también expresó su preocupación por la disminución de denuncias, que ha caído casi un 75% en comparación con años anteriores, lo que refleja la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades. «Las autoridades deben tomar especial atención, porque se tiene que recuperar la confianza de la gente», manifestó. Según Casteñeda, la creciente desconfianza en las instituciones se debe a la falta de efectividad en las medidas implementadas para combatir el crimen organizado.

Asimismo hizo un llamado a que se cumplan las estrategias ya establecidas para combatir el crimen organizado de manera efectiva, pero sin recurrir a medidas que, en su opinión, violan los derechos humanos de los ciudadanos.