ASJ: Más de L 62 millones se ejecutaron a través del “Fondo Departamental” del CN entre 2007 y 2018

ASJ: Más de L 62 millones se ejecutaron a través del “Fondo Departamental” del CN entre 2007 y 2018

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó hoy una investigación donde revela que se ejecutaron a través del Fondo Social Departamental del Congreso Nacional (CN), 62 millones 280 mil millones de lempiras entre los años 2007 y 2018, sin fiscalización del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

La investigación, denominada “Fondos Departamentales Sociales del Congreso Nacional durante los años 2007 a 2018; marco legal, controles institucionales y resultados sociales”, explica las diferentes versiones de esos fondos.

Además, presenta observaciones a la calidad de las auditorías realizadas por el TSC, al tiempo que identifica patrones en el manejo, ejecución y control de los fondos gestionados por los diputados en los departamentos.

Entre los hallazgos, señala que, «a lo largo de los 15 años de vigencia de esta iniciativa del Poder Legislativo, ha habido cuatro diferentes mecanismos de fondos departamentales y que más que una oportunidad para contribuir al mejoramiento de la vida de personas y comunidades empobrecidas, ha sido una estrategia política clientelar, que abarca las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; entre la presidencia del CN y los diputados; entre políticos y activistas; y, entre diputados y sus votantes».

La investigación demuestra también que el marco legal y los controles estatales (presidencia CN, comisiones de presupuesto, oficina de auditoría interna, Secretaría de Finanzas, Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros), se utilizaron para dar una apariencia de rigurosidad, pero estos fueron sistemáticamente incumplidos.

También destaca «la utilización de oenegés sin experiencia en obras de infraestructura vial para ejecutar proyectos de más de ocho millones de lempiras; la falta de verificación de la documentación requerida para emitir los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas; la falta de presentación evidencia (fotografías) que demuestren el antes, durante y después de los trabajos realizados por los ejecutores de los proyectos».

Además de esas, están «las diferencias en la ubicación de los proyectos plasmada en papel al momento de solicitar los fondos y lo presentado al momento de liquidar los fondos; contradicciones entre lo encontrado por los auditores en el trabajo de campo y lo plasmado en los informes de auditoría especial que exoneraron de responsabilidad administrativa, civil y penal».

Indica que al consultar a algunas de las alcaldías, al respecto estas aclararon que los trabajos no se habían realizado.

En las primeras auditorías especiales aparecen diputados que habían sido investigados, imputados y en algunos casos, sobreseídos por delitos de corrupción y en algunos casos, se logró identificar a los congresiatas gestores de los proyectos.

La ASJ recomendó un registro público e independiente de oenegés, fundaciones o asociaciones que ejecutan fondos públicos y autónomo con propio sistema de fiscalización; derogar o adecuar a la convencionalidad constitucional la Ley Especial de Fondos Públicos; intervenir la Dirección de Auditorías Especiales del TSC mediante una comisión independiente e interpelar a los magistrados del TSC y garantizar el derecho a la verdad de la población.

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