Tegucigalpa- A dos años de la implementación del estado de excepción en Honduras, la extorsión sigue afectando gravemente a la población. Según el informe Extorsión Bajo la Lupa a Dos Años del Estado de Excepción, presentado este día por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de este delito, lo que representa un aumento de 74 mil 126 hogares desde el inicio de la medida en diciembre de 2022.

El informe, basado en un análisis documental, solicitudes de información, encuestas de victimización y entrevistas con expertos, también revela un aumento en la tasa de victimización por extorsión, que pasó del 9% en 2022 al 11.6% en 2024. Pese a la prolongación del estado de excepción en 16 ocasiones, el modelo de seguridad impulsado por la presidenta Xiomara Castro, que se presentó como una «guerra contra la extorsión», ha mostrado resultados limitados.

Una de las principales preocupaciones expuestas en el informe es la disminución significativa de denuncias y detenciones por extorsión. Mientras que en 2021 se registraron 1,922 denuncias por este delito, para 2024, con los casos registrados hasta septiembre, la proyección muestra una drástica caída a 484 denuncias. En cuanto a las detenciones, estas pasaron de 461 en 2021 a tan solo 175 en 2024.

Además, el informe indica que los departamentos con mayores aumentos en tasas de victimización incluyen Intibucá, Choluteca y Atlántida, con Intibucá a la cabeza, con un alarmante 18.22%.

Preocupantemente, hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) reportó más de 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculadas al estado de excepción. Según expertos, de las 30 acciones contempladas en el Plan Antiextorsión, solo cinco han sido implementados parcialmente, como la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia.

Sin embargo, las acciones clave, como el fortalecimiento de unidades de inteligencia y reformas al Código Penal, siguen pendientes. Ante los resultados limitados de la medida, la ASJ propone fortalecer y ejecutar el Plan Antiextorsión de manera integral, involucrando a todos los actores clave, como la Policía Nacional, jueces, el sector financiero, fiscales, medios de comunicación y la sociedad.