Ante indiferencia del MP: Grupo de abogados entablarán demanda en contra de alcalde Calidonio

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Esto por el asesinato del ciudadano Rafal Flores Hernández, quien falleció este martes en el bordo de Río Blanco, San Pedro Sula, durante un violento desalojo de un grupo de lavadores de carros por parte de policías municipales.

Ante este hecho que el Ministerio Público no se ha pronunciado y la conferencia de prensa dada por el alcalde Calidonio al respecto, sembró más temores y dudas, al no aceptar responsabilidades y querer buscar chivos expiatorios, como que el disparo llegó del otro lado del río. Un grupo de abogados de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) demandarán al alcalde sampedrano.

Así lo planteó el abogado Ramón Barrios, quien anunció que el grupo de abogados que trabajan con diferentes ONG’s defensoras de derechos humanos a nivel nacional, ante la gravedad de la situación planteada, exponen la posibilidad de abrir una acusación por parte de ellos y no del Ministerio Público a quien corresponde en primera instancia.

“Nosotros en los próximos días vamos a instaurar la acusación criminal, entre otras cosas, por el delito de homicidio, daños y abuso de autoridad. Específicamente contra el alcalde Armando Calidonio, el jefe de la Policía Municipal y vamos a precisar quiénes fueron los que participaron directamente en el desalojo que se realizó el martes en los bordos de San Pedro Sula”, expuso el abogado Barrios.

Sin embargo las acciones legales que entablará este grupo de abogados serán extensivas al resto de los integrantes de la corporación municipal.

“Igualmente estamos analizando la figura interferente de un juicio político contra los miembros de la Corporación Municipal de San Pedro Sula; entre otras cosas, también interpelar una excitativa que mandaríamos al Congreso Nacional para que se interpele al secretario de Defensa y al secretario de Seguridad de cómo es posible que policías municipales utilicen armas que son exclusivas de militares y de policías, según la Constitución de la República y leyes secundarias, también que se hayan utilizado militares y policías en asuntos que no son de la competencia de ellos”, expuso.

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Llamó la atención la exposición del alcalde Calidonio en el sentido que los policías municipales participantes en el desalojo no tenían autorización de hacer uso de sus armas de fuego. En vista que la Constitución de Honduras no autoriza a la policía municipal a portar armas de fuego. Por lo que entre las acciones se incluye la disolución del ente armado municipal.

“Igualmente vamos a solicitar que se disuelva el cuerpo armado de la municipalidad de San Pedro Sula, por contrariar las leyes secundarias del país y la Constitución. Los cuerpos armados municipales no están autorizados para ello”.

“Igualmente pediríamos entonces una indemnización a las personas afectadas por ese desalojo”, acciones que harán con el único afán que el hecho no quede impune, afirmó Barrios.

“La impunidad la está provocando precisamente el órgano que debe acusar y es el Ministerio Público”, apuntó que si es el caso que la fiscalía respectiva del Ministerio Público acuse, ellos acompañarían la acusación, también en representación de los sectores agraviados.

Por cierto que este miércoles por la tarde el Ministerio Público colgó en su sitio oficial de Twitter la información que el alcalde Calidonio había brindado su declaración, sin brindar mayores detalles.

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