Tegucigalpa. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de su Estado Mayor Conjunto, emitieron un comunicado en respuesta a las recientes declaraciones de la Consejera Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, expresadas en su cuenta de la red social X. En este pronunciamiento, la institución castrense aclaró y desmintió las afirmaciones realizadas por López, asegurando que las mismas son falsas.

El comunicado destacó que, desde el 10 de marzo de 2025, un total de once oficiales de las Fuerzas Armadas han rendido declaraciones ante el Ministerio Público. Los oficiales entregaron informes, comunicaciones escritas, bitácoras y vaciados telefónicos, entre otros documentos, con el objetivo de colaborar con las investigaciones que se están llevando a cabo. La institución resaltó que no hay base para las acusaciones de manipulación de información, las cuales fueron vertidas por la presidenta del CNE.

Las Fuerzas Armadas también rechazaron las insinuaciones de que intentaron modificar informes o bitácoras, afirmando categóricamente que «el alto mando jamás intentará cambiar un informe o bitácora que refleje nuestro trabajo». Las autoridades militares aseguraron que siguen comprometidas con su deber constitucional de garantizar unas elecciones transparentes y legales, en estricta observancia de la Constitución y las leyes del país.

Ante ese panorama y en un contexto más amplio, el abogado y analista político Oliver Erazo también se refirió a la situación en un reciente pronunciamiento, destacando que, independientemente de los cambios en los informes, las Fuerzas Armadas no pueden desentenderse de los hechos que se están investigando. En su intervención, subrayó que las responsabilidades de cada institución están claramente definidas en la Constitución de la República, y que cualquier intento de exoneración de estas responsabilidades sería inaceptable.

GUERRA CIVIL 

El analista político advirtió sobre los peligros de intentar minimizar la participación de las Fuerzas Armadas en la crisis electoral que atraviesa Honduras. Para Erazo, este acto forma parte de un desorden organizado con el objetivo de debilitar las instituciones del Estado, lo que podría desencadenar una ruptura del orden constitucional, y en el peor de los casos, llevar al país hacia una guerra civil.

Según Erazo, si la denuncia contra las Fuerzas Armadas fuera real, el pueblo hondureño debe tener claro que las obligaciones y roles constitucionales no pueden ser ignorados ni excusados. “Las responsabilidades, obligaciones y roles constitucionales no pueden ser obviados… deben cumplirse a cabalidad y al tenor de la norma constitucional”, subrayó. Además, enfatizó que solo un cambio en la Constitución podría exonerar a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad actual, pero que, en este momento, no existe ninguna justificación para apartarse de sus funciones.

En sus declaraciones, el abogado advirtió sobre el grave error de algunos sectores de la sociedad que intentan minimizar la participación de las Fuerzas Armadas en la crisis electoral, considerando este acto como una forma de debilitar las instituciones del país. “Este es un desorden que estamos organizando para un objetivo en específico: debilitar las instituciones y justificar una crisis institucional”, dijo Erazo, quien también destacó los peligros de un escenario que podría llevar a una ruptura del orden constitucional, con el riesgo de convocar a una constituyente o, incluso, a una guerra civil.

Erazo también comparó la situación actual con los momentos más oscuros de la historia de América Latina, como las décadas de 1960 y 1970, destacando que Honduras está perdiendo la democracia y que las Fuerzas Armadas, como garantes del orden, están fallando en su misión.