Redacción. Las elecciones primarias de Honduras, celebradas el pasado 9 de marzo, han sido objeto de intensos cuestionamientos debido a las irregularidades que surgieron durante el proceso electoral. Un análisis desarrollado por experto del comunicado emitido por las Fuerzas Armadas en torno a la custodia, transporte y vigilancia del material electoral, revela importantes discrepancias entre la versión oficial y los hechos fácticos documentados.
Y es que, a través del análisis lógico basado en el modelo de Toulmin, se expone cómo las fallas operativas no pueden ser minimizadas, sino que representan vulneraciones serias al mandato constitucional que impide que el proceso electoral se vea comprometido.
Premisa oficial vs. hechos fácticos: ¿un error menor o una vulneración crítica?
En su comunicado, las Fuerzas Armadas aseguran que han cumplido su mandato constitucional en relación con la custodia del material electoral, destacando que el 98.6% de las urnas y material fueron debidamente custodiados, con una mínima incidencia de errores (1.40%) que, según argumentan, se atribuye a factores externos: la empresa de transporte contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fallos en la coordinación entre las partes. Este porcentaje, aseguran, no tendría impacto en el resultado electoral.
Sin embargo, al contrastar esta afirmación con los hechos fácticos, se revela una realidad más compleja. Documentos y testimonios obtenidos durante el proceso electoral muestran que, en varios centros de votación, el personal militar no estuvo presente en momentos críticos, especialmente en vehículos de transporte del material electoral. Además, en varios puntos estratégicos de alta afluencia, se denunció el abandono del material electoral, lo que genera serias dudas sobre la efectividad de la custodia.
El hecho de que el 1.40% de material afectado se haya concentrado en centros de alta afluencia es significativo. No se trata de un error aislado, sino de un fallo que, en términos absolutos, podría haber alterado los resultados de la elección en esas zonas. Este aspecto revela una posible vulneración al mandato constitucional de asegurar la seguridad y custodia plena del material electoral, ya que la acumulación de fallos en puntos críticos pone en riesgo la integridad del proceso.
Falta de supervisión militar
Una de las premisas fundamentales del comunicado de las Fuerzas Armadas es que la responsabilidad de coordinar el transporte y la seguridad del material electoral recae en el CNE y en la empresa contratada. Las Fuerzas Armadas subrayan que su función es puramente custodiar el material, sin inmiscuirse en las tareas logísticas. Sin embargo, este argumento no puede justificar la ausencia de supervisión en momentos clave y en centros de alta afluencia, donde la cadena de custodia se rompe al no haber presencia militar para garantizar que el proceso se mantenga seguro.
Si bien la empresa contratada para el transporte tenía un rol limitado, esta no estaba facultada para actuar de forma autónoma. La falta de personal militar en puntos de alta afluencia, cuando se sabe que estas zonas concentran la mayor cantidad de votantes, es una omisión grave. La función de las Fuerzas Armadas no se limita simplemente a custodiar el material; su rol incluye asegurar que se cumpla la seguridad en todos los puntos del proceso electoral. El que las Fuerzas Armadas no hayan supervisado adecuadamente las funciones de la empresa de transporte, pese a ser parte integral de la logística electoral, compromete el proceso y plantea serias dudas sobre el cumplimiento del mandato constitucional.
Margen de error insuficiente para justificar la vulnerabilidad electoral
El comunicado oficial menciona que las fallas en la custodia y el transporte se deben a la falta de coordinación entre el CNE y la empresa de transporte. Este argumento se presenta como una justificación para minimizar el impacto de los errores, señalando que el 1.40% de material afectado es un margen insignificante que no alteraría el resultado electoral. No obstante, este enfoque pasa por alto las consecuencias prácticas de este margen de error.
El hecho de que el 1.40% de material electoral se haya localizado en centros con alta afluencia de votantes aumenta significativamente el riesgo de alteración de resultados en zonas clave. Es importante recordar que en las elecciones, cada voto cuenta, y que incluso un pequeño porcentaje de material comprometido puede tener un impacto desproporcionado en zonas donde la diferencia de votos es mínima. Así, la conclusión de que el margen es “insignificante” es peligrosa, ya que ignora la posibilidad de que esta falla haya sido determinante en el resultado electoral de ciertos centros de votación.
Investigación exhaustiva
Según el experto, la versión oficial minimiza la incidencia de las fallas operativas, lo cual podría ser percibido como un intento de exonerar a las Fuerzas Armadas y al CNE de responsabilidades. Sin embargo, los hechos documentados sugieren que las irregularidades no son simples errores aislados, sino fallas graves que afectaron puntos estratégicos del proceso electoral. La ausencia de supervisión en centros con alta afluencia y el abandono del material electoral ponen en peligro la transparencia y la legitimidad del proceso.
Este contexto genera un ambiente de desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar un proceso electoral limpio y justo. La falta de control y supervisión adecuada, aun cuando existan acuerdos contractuales con empresas de transporte, expone al sistema electoral a vulnerabilidades graves. Por lo tanto, es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente, que no solo revise las circunstancias específicas de las fallas, sino que también evalúe si hubo negligencia o incluso intento de sabotaje en el proceso.
Consecuencias legales
El análisis determina que si la investigación confirma que las Fuerzas Armadas o el CNE fueron responsables de negligencia en la custodia del material electoral, las consecuencias legales podrían ser severas. La violación de las disposiciones constitucionales en relación con el artículo 272, que exige la custodia efectiva del material electoral, podría llevar a implicaciones legales para los responsables, tanto en el ámbito administrativo como penal. En el peor de los casos, si se demuestra que hubo un intento deliberado de alterar los resultados electorales, los responsables podrían enfrentar sanciones judiciales.
Además, las instituciones involucradas deben asumir las consecuencias de su gestión fallida, lo que incluye no solo una revisión interna de sus protocolos, sino también la aplicación de medidas correctivas que eviten que situaciones similares se repitan en las próximas elecciones generales. El costo político de una crisis electoral podría ser irreversible, y lo que es más grave, pondría en peligro la estabilidad democrática de Honduras.
Medidas correctivas y restauración de la confianza
Ante la gravedad de los hechos expuestos, expertos indican que es imperativo que se tomen medidas inmediatas para restaurar la confianza en el sistema electoral. En primer lugar, el Ministerio Público debe iniciar una investigación independiente que examine las fallas en la custodia del material electoral. Asimismo, se debe realizar una auditoría completa del contrato entre el CNE y la empresa de transporte, con el fin de determinar si se cumplieron las condiciones pactadas.
También se recomienda que el CNE y las Fuerzas Armadas realicen una revisión de sus procedimientos operativos, implementando protocolos más estrictos de supervisión y coordinación. Para evitar futuros incidentes, debería designarse una comisión mixta, compuesta por representantes del CNE, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, que evalúe las irregularidades y establezca responsabilidades.
El informe concluye que los hechos y la versión oficial emitida por las Fuerzas Armadas muestran importantes fallas en la custodia y seguridad del material electoral durante las elecciones primarias en Honduras.
La ausencia de supervisión en centros críticos, el abandono del material y la falta de coordinación entre las instituciones involucradas comprometen la integridad del proceso y plantean serias dudas sobre la transparencia y legitimidad de las elecciones.
Es fundamental que se tomen medidas correctivas para evitar futuras vulneraciones y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral hondureño.
