Tegucigalpa. La violencia sigue cobrando la vida de la niñez y juventud en Honduras. En lo que va del 2025, al menos 100 personas menores de 30 años han sido asesinadas, sin contar las víctimas por accidentes viales, según lo denunció este viernes Wilmer Vásquez, director de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

A pesar de una leve reducción en la tasa de homicidios generales, Vásquez lamentó que este descenso no se refleje en la población más joven, pues en los últimos años las cifras de muertes violentas han sido alarmantes.

“Cerramos el 2022 con 569 muertes violentas, el 2023 con 713, el 2024 con 619, y en apenas dos meses del 2025 ya contabilizamos 100 menores de 30 años asesinados”, alertó el experto.

A este panorama sombrío se suman los accidentes de tránsito, que han dejado 52 fallecidos adicionales en este mismo sector poblacional, elevando la cifra total de muertes a 152 solo en los primeros meses del año.

Un promedio de 50 jóvenes y niños asesinados cada mes

El director de Coiproden reveló que si se comparan los primeros dos meses del 2025 con el mismo período del 2024, se registra una disminución del 13% en las muertes violentas, lo que equivale a 15 homicidios menos. Sin embargo, aseguró que estos números siguen siendo inaceptables.

“Estamos hablando de al menos 50 adolescentes y jóvenes entre 0 y 30 años que mueren de forma violenta cada mes en Honduras. Si a esto le sumamos las víctimas por accidentes viales, nos damos cuenta de la gravedad del problema”, explicó Vásquez.

El fracaso de la prevención de violencia en Honduras

A pesar de la existencia de estrategias y organismos para reducir la violencia contra la juventud, el Estado sigue fallando en su implementación, denunció Vásquez.

Recordó que en Honduras existe el Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud (COPREV), que involucra a las Secretarías de Juventud, Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, Seguridad, el Programa Nacional de Rehabilitación y Seguridad, y varias organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, este organismo se encuentra paralizado debido a la falta de presupuesto, lo que ha impedido que se tomen acciones efectivas para frenar la violencia.

“El problema en Honduras no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad para implementarlas. De nada sirve tener normativas si no se castiga a quienes cometen estos crímenes”, sentenció Vásquez.