Tegucigalpa. Durante una entrevista en el programa En la Mira, el abogado Fernando González lanzó duras advertencias sobre la crítica situación de los derechos humanos en Honduras, advirtiendo que la mora judicial, el incumplimiento de sentencias internacionales y la falta de voluntad política están llevando al país a escenarios de aislamiento y sanción internacional.

González reveló que actualmente existen 17 denuncias activas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado hondureño, procesos que —según dijo— podrían resolverse «si existiera voluntad» por parte del Gobierno. Cada caso tiene su propia historia, pero mientras no se atiendan, la mora judicial del país sigue creciendo, afectando no solo la imagen internacional de Honduras, sino también su acceso a programas como la Cuenta del Milenio.

«Muchas personas no usan estas instancias internacionales, quizás por desconocimiento, pero los abogados internacionales representan a muchos hondureños en la Comisión y en la Corte Interamericana», explicó.

Violaciones y casos emblemáticos

El abogado detalló que entre los casos se incluyen violaciones graves al debido proceso, como actuaciones arbitrarias de jefes militares contra oficiales, y otros delitos que, pese a su gravedad, siguen sin ser resarcidos.

Un ejemplo alarmante es el caso de las 46 mujeres asesinadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ocurrido hace casi dos años. Según González, el Gobierno aún no ha logrado entregar correctamente todos los cadáveres a las familias, y persisten inconsistencias en las pruebas de ADN.
«Una de ellas sigue sin ser entregada. El cadáver no coincide con el ADN de sus familiares. Esto obligaría a exhumar restos de 17 víctimas, lo que sería una revictimización atroz», denunció.

Aunque ha habido acercamientos oficiales, González lamentó que no se haya concretado una indemnización a las familias afectadas.
«El Gobierno celebró cuando la Corte Interamericana sentenció a Honduras por casos del golpe de Estado, ¿y por qué ahora no actúa acercándose a las familias de estas mujeres?», cuestionó. Según el abogado, el Estado hondureño podría indemnizar a las familias con montos aproximados de 120 mil dólares por víctima, evitando procesos largos y más costosos.

El alto costo de la indiferencia

Si no se logran arreglos locales, advirtió González, las demandas avanzan a nivel internacional, donde las indemnizaciones se multiplican.
«Un arreglo rápido podría ser de 120 mil dólares, pero si el caso llega hasta la Corte Interamericana, el monto puede subir hasta 1.2 millones de dólares dependiendo de los daños actuariales», explicó.

El problema, dijo, es que el Estado suele estirar los procesos, aún sabiendo que tiene pocas posibilidades de ganar:
«La gran mayoría de los casos se lleva hasta el final. No les gusta negociar, aunque sepan que el Estado lleva el caso perdido», criticó.

Actualmente, Honduras figura entre los países latinoamericanos con más sentencias por violaciones a los derechos humanos, junto a Venezuela, México, Nicaragua y Bolivia. Esta mala reputación, señaló González, pesa negativamente en los análisis internacionales, impidiendo el acceso a fondos como la Cuenta del Milenio, donde la protección de derechos humanos es un criterio clave.

«Cada vez que no se resuelven las denuncias en el país, salen a relucir afuera, empañan la imagen de Honduras y nos colocan entre los violadores crónicos de derechos humanos», alertó.

Estado de excepción sin resultados

Finalmente, González cuestionó que el Estado de excepción que sigue vigente en el país no ha resuelto el problema de la inseguridad, mientras continúa generando violaciones a derechos fundamentales.
«No hemos aprendido la lección. En los últimos 10 años, Honduras sigue repitiendo la misma historia. Mientras tanto, en El Salvador —aunque con un régimen similar— no acumulan el mismo catálogo de violaciones que nosotros», concluyó.